Colombia ha evitado una potencial guerra comercial con Estados Unidos tras aceptar las condiciones de deportación impuestas por el gobierno de Donald Trump. Este acuerdo incluye la recepción irrestricta de migrantes colombianos deportados en aviones militares. La decisión surge después de que dos aeronaves estadounidenses con deportados fueran rechazadas por las autoridades colombianas, lo que provocó amenazas de aranceles por parte de la Casa Blanca.
El canciller Luis Gilberto Murillo declaró que el gobierno garantizará condiciones dignas para los deportados y anunció la preparación del avión presidencial para colaborar en su repatriación. Por su parte, la administración Trump anunció que mantendrá ciertas sanciones, como inspecciones aduaneras y restricciones de visa, hasta que se concrete el retorno del primer grupo de deportados. Este episodio pone de manifiesto la agresiva política migratoria del mandatario estadounidense y su intención de presionar a otros países para que acepten a sus ciudadanos deportados.
El conflicto escaló cuando el presidente colombiano Gustavo Petro impidió el aterrizaje de los aviones militares, acusando a Estados Unidos de tratar a los migrantes colombianos como criminales. La Casa Blanca respondió con amenazas de aranceles a las exportaciones colombianas, incluyendo el café, lo que habría afectado directamente a más de 500 mil familias productoras. Petro también amagó con represalias comerciales y calificó las acciones estadounidenses como un abuso de poder. Finalmente, ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo que evitó daños mayores, aunque se mantiene la tensión diplomática.
Analistas y organismos colombianos, como el Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI), instaron al gobierno de Petro a preservar las relaciones bilaterales con Estados Unidos, advirtiendo que una guerra comercial podría perjudicar gravemente a sectores clave como el café y las flores. Además, la directora de la Cámara de Comercio Colombo-Americana subrayó el impacto devastador que tendrían los aranceles sobre cientos de miles de trabajadores colombianos. Estas advertencias fueron fundamentales para que Colombia cediera ante las presiones de Washington.
En paralelo, Brasil también denunció las condiciones “degradantes” de los vuelos de deportación organizados por Estados Unidos. Autoridades brasileñas reportaron el uso de esposas y cadenas, así como deficiencias en el sistema de aire acondicionado de las aeronaves. La situación refleja el endurecimiento de la política migratoria estadounidense y plantea desafíos para los países latinoamericanos, que deben equilibrar su soberanía con las presiones diplomáticas y comerciales de Washington.