La Corte Suprema de Estados Unidos expresó ayer su disposición a respaldar una ley que obligaría a ByteDance, la compañía propietaria de TikTok, a vender o cerrar la popular plataforma de videos en línea. En una sesión crucial, la mayoría de los jueces, tanto conservadores como liberales, manifestaron dudas sobre los argumentos presentados por los abogados de TikTok, quienes defendieron que una medida como esta vulneraría la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
Noel Francisco, abogado de TikTok, argumentó que «este caso en última instancia se refiere a la libertad de expresión» y que el gobierno no puede limitar el discurso. Sin embargo, varios jueces respondieron señalando que la propiedad de la aplicación es de origen chino, lo que cambiaría el panorama. El juez Samuel Alito afirmó que «el gobierno extranjero, especialmente un adversario, no tiene derechos de libertad de expresión en Estados Unidos», cuestionando la estructura corporativa de ByteDance.
El debate surge en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y China, y en respuesta a la aprobación por parte del Congreso estadounidense de una ley que establece como fecha límite el 19 de enero para que ByteDance venda TikTok. El gobierno de EE. UU. sostiene que la aplicación facilita la recopilación de datos y espionaje por parte de Pekín, además de ser utilizada para difundir propaganda, aunque estas acusaciones han sido rotundamente negadas por China y ByteDance.
En caso de que ByteDance se niegue a vender TikTok antes de la fecha establecida, Francisco advirtió que la compañía podría verse obligada a cerrar la plataforma. La posible prohibición de TikTok podría complicar aún más las relaciones entre ambos países, especialmente con la llegada de Donald Trump a la presidencia el 20 de enero, quien, a pesar de haber intentado prohibir la aplicación en su primer mandato, se ha convertido en un defensor de la plataforma, que cuenta con 14.7 millones de seguidores, incluyendo al propio Trump.
Este caso sigue siendo un punto de debate clave sobre la libertad de expresión, la seguridad nacional y las tensiones internacionales.