El presidente electo Donald Trump fue formalmente sentenciado el viernes en el caso de los pagos secretos a la actriz Stormy Daniels, pero el juez Juan M. Merchan decidió no imponer ninguna pena. A pesar de haber sido declarado culpable de 34 delitos graves relacionados con la falsificación de registros empresariales, Trump se libró de prisión y multas, consolidando su camino de regreso a la Casa Blanca tras su reciente elección para un segundo mandato presidencial. Este veredicto, sin precedentes en la historia política de Estados Unidos, ha desatado un intenso debate sobre las implicaciones legales y éticas del caso.
El proceso judicial, que duró casi dos meses, reveló detalles sobre un pago de 130,000 dólares hecho a Daniels en 2016 para silenciar presuntas acusaciones de infidelidad. Según la fiscalía, estos pagos fueron registrados de manera fraudulenta como gastos legales en los libros contables de las empresas de Trump, lo que llevó a su condena. No obstante, el juez optó por evitar complicaciones constitucionales al no imponer una pena, lo que marca un hito al convertir a Trump en el primer presidente electo condenado por un delito grave que asumirá el cargo.
En su defensa, Trump calificó el juicio como una “cacería de brujas” motivada políticamente, destinada a dañar su reputación y perjudicar sus posibilidades electorales. «Soy totalmente inocente. Esto ha sido un retroceso para el sistema judicial de Nueva York», afirmó durante su declaración en el tribunal. Sus abogados también señalaron que el caso tenía fines políticos, mientras que el mandatario aseguró que el apoyo de los votantes reforzó su postura frente al proceso judicial.
Fuera del tribunal, simpatizantes de Trump celebraron el fallo y su victoria electoral reciente. Con banderas estadounidenses y carteles, describieron el ambiente como un acto de unidad y esperanza para el país. Mientras tanto, la publicación de Trump en su red social Truth Social reafirmó su intención de apelar el fallo, calificando el juicio como una “farsa despreciable” y prometiendo restaurar la confianza en el sistema de justicia estadounidense.