La Cámara de Diputados marcó un hito este martes al aprobar de manera unánime una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que regula el empleo en plataformas digitales como Uber, DiDi y Rappi. Este nuevo marco legal reconoce la relación laboral entre las aplicaciones y sus trabajadores, estableciendo derechos y protecciones específicas para repartidores y conductores.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) destacó que más de 272,000 personas podrán acceder a seguridad social completa y otros derechos laborales gracias a esta reforma. Aunque todos los trabajadores de estas plataformas estarán protegidos contra accidentes laborales, aquellos cuyos ingresos equivalen al salario mínimo recibirán beneficios más amplios, como acceso a prestaciones integrales.
La legislación introduce un modelo que combina flexibilidad y protección. Reconoce como relación laboral el tiempo efectivamente trabajado, permitiendo que los trabajadores definan su horario y la cantidad de servicios que desean realizar. Además, asegura que puedan trabajar simultáneamente para varias plataformas sin restricciones. Por otro lado, si un trabajador permanece inactivo durante 30 días consecutivos, la relación laboral se dará por terminada automáticamente.
En cuanto a los ingresos, se establece que la remuneración se calculará por tarea o servicio realizado, contemplando también el pago proporcional de prestaciones como vacaciones, aguinaldo y horas extras. La reforma exige que las empresas formalicen estos acuerdos mediante contratos digitales registrados ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, garantizando así mayor transparencia en las relaciones laborales.
Finalmente, la reforma subraya obligaciones tanto para las plataformas como para los trabajadores. Las empresas deberán garantizar pagos semanales, registrar horas laboradas e inscribir a los empleados en el IMSS, mientras que los trabajadores deberán cumplir con normas de seguridad vial y cuidado en la entrega de servicios. Además, se prohíben prácticas como el cobro por inscripción o retención de ingresos. Con esta legislación, México avanza hacia un esquema más justo e inclusivo para el trabajo en plataformas digitales.