El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a implementar vuelos de deportación de inmigrantes en aviones militares, marcando un cambio significativo en las operaciones de repatriación. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, compartió imágenes de inmigrantes esposados abordando un avión militar, señalando que los vuelos de deportación ya están en marcha. Aunque no se ha confirmado el origen de las personas deportadas, se presume que habían cruzado la frontera recientemente y estaban bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.
Según un informe de CNN, cuatro aviones militares, incluidos dos C-17 y dos C-130, han sido desplegados en San Diego y El Paso para respaldar las repatriaciones. Los primeros vuelos despegaron desde el Biggs Army Air Field hacia Guatemala, transportando entre 75 y 80 ciudadanos guatemaltecos. Estos operativos se enmarcan en las nuevas estrategias de deportación acelerada impulsadas por la administración Trump, en un esfuerzo por endurecer las políticas migratorias.
Desde su regreso al poder, Trump ha firmado decretos que fortalecen las acciones de control migratorio. Estas medidas incluyen una mayor libertad para que las autoridades actúen en áreas sensibles, como escuelas e iglesias, y la ampliación de los criterios para la deportación rápida, lo que elimina la necesidad de audiencias judiciales previas. Además, se ha dado luz verde al despliegue de miles de soldados en la frontera para reforzar la seguridad. La administración también ha propuesto eliminar la ciudadanía por nacimiento, generando polémica y rechazo entre expertos constitucionales y gobiernos locales.
En paralelo, agencias federales como el Departamento de Justicia han intensificado su ofensiva contra la inmigración indocumentada. Esto ha incluido el despido de funcionarios clave en los tribunales de inmigración y la amenaza de procesar a autoridades locales que se opongan a estas medidas. Las decisiones han provocado un fuerte debate nacional sobre su impacto en la economía y en los derechos fundamentales, mientras estados y ciudades liderados por demócratas buscan frenar estas políticas a través de los tribunales.