El Senado ha dado luz verde a una reforma de la Ley del Infonavit, permitiendo al Instituto utilizar parte de los rendimientos de los ahorros de los trabajadores para proyectos de vivienda social. La medida, aunque busca atender la demanda de vivienda digna, ha sido criticada por especialistas y opositores que temen una posible vulneración del derecho de los trabajadores a decidir sobre sus recursos.
Uno de los puntos más polémicos es la creación de una filial del Infonavit que se encargará de desarrollar y coordinar proyectos habitacionales. Aunque la supervisión de estos proyectos estará a cargo de comités internos y de un Consejo de Administración con representación tripartita (gobierno, trabajadores y empresarios), los comités de Vigilancia, Transparencia y Auditoría tendrán mayoría gubernamental. Esto ha sido señalado como un desequilibrio que pone en duda la imparcialidad en la toma de decisiones.
Además, la reforma permite que la Presidencia de la República designe directamente al director general del Infonavit, quien no solo tendrá facultades para proponer y dirigir planes de financiamiento, sino también para vetar decisiones del Consejo de Administración y de la Comisión de Vigilancia si no son adoptadas por unanimidad. Esto ha generado inquietud sobre un posible centralismo en el manejo de los recursos del Instituto.
Especialistas como Valeria Moy, directora del IMCO, y Carla Escoffié, experta en derecho a la vivienda, han advertido sobre la ambigüedad en la redacción de la reforma. Señalan que, aunque se habla de utilizar «rendimientos» del Fondo Nacional de la Vivienda, no queda claro si estos recursos podrían incluir aportaciones directas de los trabajadores. También critican que el modelo tripartita, considerado un pilar del Infonavit, se vea debilitado con la reforma.
El dictamen ahora deberá ser discutido en la Cámara de Diputados, donde se espera un análisis más detallado. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, indicó que esta revisión se llevará a cabo en el próximo periodo ordinario de sesiones, programado para 2025. En tanto, el debate continúa, con posturas encontradas sobre el alcance de estas modificaciones y su impacto en los derechos de los trabajadores.